Una detención constituye un acto de privación de libertad que, por su propia naturaleza, genera situaciones de tensión e incertidumbre. No obstante, conocer el protocolo de actuación y los derechos que asisten a la persona detenida puede resultar determinante para garantizar un adecuado desarrollo del procedimiento. Es recomendable mantener una actitud calmada y colaboradora con los agentes actuantes, recordando que no existe la obligación de prestar declaración sin la asistencia letrada correspondiente. Evitar confrontaciones y adoptar un comportamiento sereno contribuye a preservar la propia seguridad jurídica.

Desde el momento en que se produce la detención, la persona detenida adquiere una serie de derechos reconocidos en la normativa vigente, entre ellos: el derecho a ser informado de forma inmediata, comprensible y detallada de los motivos de la detención; el derecho a guardar silencio; el derecho a designar un abogado y a recibir asistencia jurídica desde la primera diligencia; y el derecho a un trato digno y respetuoso conforme a los principios de proporcionalidad y legalidad.

Por su parte, los agentes policiales deben cumplir un conjunto de obligaciones legales: identificarse debidamente, comunicar el motivo concreto de la detención, informar de los derechos mencionados y actuar dentro del marco legal, absteniéndose de cualquier práctica que implique coacción, presión o intento de obtener declaraciones sin la presencia letrada. Cualquier actuación debe ajustarse a los límites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás normativa aplicable.

La intervención de un abogado penalista desde las primeras fases del procedimiento resulta esencial para garantizar la plena protección de los derechos del detenido. El profesional velará por la legalidad de la detención, supervisará la correcta práctica de las diligencias policiales, asistirá al detenido durante su declaración y adoptará las medidas necesarias para evitar vulneraciones de garantías procesales.

En conclusión, aunque la detención puede generar un elevado grado de incertidumbre, disponer de información precisa y contar con asesoramiento jurídico especializado permite afrontar la situación con mayores garantías. Resulta, por tanto, altamente recomendable estar preparado, conocer los derechos fundamentales aplicables y disponer del contacto de un profesional cualificado que pueda prestar asistencia inmediata cuando sea necesario.